Sin plan, torres en oferta

Fuente El Cronista
 


24/04/2017.
El gobierno no para de vender los bienes públicos a privados (o a ¿amigos del poder para que sigan haciendo millones?). Si bien argumentan que estas ventas generarán desarrollo y puestos de trabajo, la realidad dicta que la única finalidad es aumentar los ingresos a las arcas que aún esperan la lluvia de inversiones prometida.

Les propongo concentrarnos específicamente en los terrenos que están a la venta en Puerto Madero, en los alrededores de la Reserva Ecológica. Son muchos que se han puesto a la venta y se entregan con la posibilidad de una enorme plusvalía a los inversores, que son siempre los mismos. De a pedazos van vendiendo la ribera de nuestra Ciudad a estos inversionistas.

Se sumó esto a lo que ya está construido en torres en Catalinas y, sobretodo, los terrenos que ya posee IRSA, a la espera de un nuevo regalo de ganancias de la Legislatura que le permita construir las torres de 50 pisos que pretende en Solares de Santa María y Puerto Nuevo.

Pero cada una de estas ventas y rezonificaciones evitan la discusión acerca del desarrollo con vecinos, ONGs y ambientalistas: la isla Demarchi, Santa María del Plata, el complejo Catalinas 2, Avenida de los Italianos 365, Puerto Retiro y un espacio detrás de la Torre Alem Plaza. De nada servirán los estudios de impacto ambiental y audiencias públicas presentados por proyecto individual, en cambio el gobierno debería exigir un estudio de impacto ambiental que incluya a todo el desarrollo en su conjunto. Además, estos gigantes de concreto ¿tendrán algún efecto o presentarán algún reparo sobre el viento que desde el Río de la Plata cumple con la función de limpiar el smog que la Ciudad genera, por ejemplo?

La Ciudad no tiene problemas en cuanto a desarrollo inmobiliario, por el contrario, los inconvenientes acontecieron cuando ese desarrollo inmobiliario se convirtió en especulación inmobiliaria y terminó generando un stock de vivienda del 20% inutilizado, y por otro lado un 20% de la población de la Ciudad que carece de residencia.

Por otro lado, deberían también buscar fórmulas, como por ejemplo el sistema francés, que a quien construye sobre un terreno público, se le concede la propiedad por una determinada cantidad de años, pero no eternamente, lo que permite al Estado no perder los bienes fiscales a manos de especuladores.

La Agencia de Bienes está cumpliendo con creces su función, sin embargo, ni la Ciudad ni la Nación parecen tener un plan que regule su accionar.

Aún cuando la publicación del llamado a licitación no fue hecha, SEC ya está avanzando con carteles con los que limita el estacionamiento y amenaza con acarreo de vehículos a los vecinos de Barracas, aunque todavía no se han cumplido los pasos necesarios para restringir el estacionamiento y tampoco para que la empresa se adjudique el espacio. Leé la nota completa de Clarín.

Grúas polémicas: aunque no habrá parquímetros, podrán levantar autos en Barracas

En sólo cuestión de días, la empresa SEC, que opera las grúas en el sur del área concesionada, comenzará a acarrear autos mal estacionados en Montes de Oca, Hornos y otras avenidas de Barracas. La medida fue autorizada por el Gobierno de la Ciudad y sirve para compensar los lugares con estacionamiento medido que se perdieron, sobre todo, por las obras del Metrobus de Paseo Colón y la peatonalización del área de Tribunales. Aunque en Barracas no habrá parquímetros, se permitirá la circulación de grúas, y una vez levantado el vehículo, el dueño deberá ir a buscarlo a la playa que está en Bernardo de Irigoyen y avenida Garay, donde deberá pagar $ 750 de acarreo.

En diciembre se aprobó la ley que habilita ampliar el área de estacionamiento medido y la circulación de grúas en más barrios de la Ciudad. El nuevo sistema comenzará a funcionar en 2018. Pero mientras tanto, siguen operando SEC y STO, las dos empresas que tienen el contrato vencido desde 2001, acumulan quejas y denuncias de usuarios y nunca terminan de aclarar cuánto pagan de canon y quienes son sus verdaderos propietarios.

Para el presidente del bloque GEN en la Legislatura porteña, Sergio Abrevaya, "aún cuando la publicación del llamado a licitación no fue hecha, SEC ya está avanzando con carteles con los que limita el estacionamiento y amenaza con acarreo de vehículos a los vecinos de Barracas, aunque todavía no se han cumplido los pasos necesarios para restringir el estacionamiento y tampoco para que la empresa se adjudique el espacio".

Fuentes del Gobierno porteño explicaron que no se cobrará estacionamiento en Barracas. Y agregaron que se trata de una disposición para compensar a la empresa por otras zonas por las que ya no pueden circular las grúas, ya que el contrato estipula una cierta cantidad de calles de operación que debe mantenerse, agregaron las fuentes.

En tanto, Abrevaya también arremetió contra la nueva ley. Aseguró que, con el nuevo sistema, el 45% de las calles porteñas tendrá estacionamiento medido.

Al respecto, fuentes del Gobierno aseguraron que sólo se ocuparán con espacios tarifados 85.000 lugares, que respresentan el 22% de los 340.000 que hay para estacionar en la Ciudad (ahora hay 4.000 ubicaciones con parquímetros). Además, agregaron que a partir del año que viene se terminarán los parquímetros con fichas y las tickeadores actuales, y serán reemplazados por terminales de autoservicio que aceptarán tarjetas de crédito, débito y hasta SUBE. Pero lo más novedoso será una nueva aplicación para el celular que permitirá realizar el pago del estacionamiento.

Un servicio cuestionado y con la concesión vencida

Las firmas Dakota-STO y BRD-SEC se reparten el control de las grúas y se dividen la Ciudad en dos zonas para prestar el servicio. El límite del área de influencia de cada empresa está dado por la calle Viamonte. Operan con contratos vencidos desde 2001 y nunca queda claro cuánto pagan de canon y cuánto recaudan.

La concesión se fue prorrogando desde 2001. En noviembre de 2011 se votó una ley que establecía que si luego de un año no se licitaba, pasaría a ser estatal, pero en diciembre de 2012 venció el plazo y se volvió a prorrogar. Al inicio de la gestión de Macri, en 2007, el acarreo costaba $ 59: hoy cuesta 750. Eso implica un aumento de más de 1000% en nueve años. Todos los días las grúas remolcan entre 300 y 400 vehículos, lo que se traduce en recaudaciones millonarias.

Nota Clarin: Ya hay carteles en calles y avenidas. Es para compensar espacios pagos que se perdieron en otros barrios.

Entrevistado por Fernando Fraqueli en la TV Pública hablamos acerca de las elecciones 2017. Estas fueron algunas de las ideas: 

*Estamos abiertos a otras alianzas posibles, vamos a reivindicar nuestra mirada de la Ciudad

*Durante el 2016 hubo una agenda muy fructífera junto a Massa que incluyó PyMEs, ganancias y trabajo entre otras

Por Sergio Abrevaya.

Argentina se enfrenta a varios paradigmas que debe cambiar, uno de ellos es el del petróleo, que imprima al de energía y al del transporte. Pero, ¿por qué plantear al transporte como un modelo pendiente de solución? El Gobierno sigue apostando por la puesta en valor de los trenes interurbanos, también a Rosario y a Mar del Plata -que comenzó Florencio Randazzo luego de la tragedia de Once- cuando recorridos de larga distancia como ?El Gran Capitán? (Bs. As.-Misiones) o el ?Tren Binacional? (Bs. As.-Paso de los Toros en Uruguay) resultaron un fracaso.

¿Qué sucedería si un ferrocarril uniera grandes urbes como Rosario y Córdoba en algo más de una hora? Seguramente, comenzaría así la solución al paradigma del petróleo impuesto en los 90 y acentuado por la carencia de oferta ferroviaria: hoy, sólo se puede acceder de Rosario a Córdoba en automóvil (algo más de 4 hs), micro (6.30 hs de duración), o avión (menos de una hora de vuelo más dos de embarque y el traslado al centro, además de los altos costos), y así sucede entre muchas grandes ciudades argentinas.

CFK en 2008 contrató directamente a Alstom, el tren a Rosario, por u$s 4000 millones, cuando hay tantas empresas en el mundo para licitar, mientras dejaban que se venga abajo el sistema interurbano que terminó en la tragedia de Once. No hicieron ninguna de las dos cosas.

Países europeos y asiáticos dieron un giro a la problemática con las mejoras en infraestructura y tecnologías aplicadas, que permitieron una rápida evolución en la alta velocidad ferroviaria. Mientras en Argentina estamos felices con nuestros ?trenes renovados? que apenas alcanzan los 160 km/h, países como Francia, Alemania, Italia, España, China, Japón o Taiwán invierten en trenes eléctricos que llegan a los 500 km/h.

Estas naciones no sólo cuentan con trenes rápidos, sino que al vislumbrar en el tren la solución a la problemática del transporte, cada uno generó su propia industria en torno al ferrocarril. Si Argentina decidiera abandonar esta red lenta y evolucionar hacia un transporte rápido, económico y no dependiente del petróleo, podría desarrollar sus trenes y su industria y así también generar trabajo.

No obstante, y mientras nos ?tranquilizan? con la puesta en valor del sistema ferroviario que ya quedó en el tiempo, el gobierno nacional sigue invirtiendo en carreteras -al igual que lo sigue haciendo en gas-en lugar de hacerlo en trenes -y en electricidad.

Fuente EL CRONISTA

El viernes 28 de octubre participé como orador en la Audiencia Pública por Tarifas de Luz realizada en el Teatro de la Ribera.

Ante las autoridades presentes expresé que el Ente Regulador debió haber presentado una evaluación de los 24 años de concesión de las empresas, que han demostrado problemas tanto en la época de ‘gloria de la tarifa del 1 a 1’ como cuando las tarifas no las favorecieron. Asimismo, que se carece de información respecto de los subsidios que recibieron tanto Edenor como Edesur, así como también de lo sucedido con los fondos del FOCEDE (Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica) manejado por las empresas de 2012 a 2014 y por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 2014 a diciembre de 2015. No se puede aceptar un nuevo aumento sin una evaluación.

Luego expresé que las tarifas de luz, gas y agua deben ser vistas en conjunto, pensarse en un sentido macroeconómico para así tener en cuenta qué sucede en la economía argentina, el impacto sobre el bolsillo del ciudadano que puede pagar, del que no puede hacerlo, el inquilino, la industria.

También pedí la unificación del criterio en todos los servicios y agregar algunas contemplaciones tales como los consorcios que dependen del servicio de electricidad para abastecerse de luz, agua y calefacción; las viviendas multifamiliares; las PyMEs que dependen de la electricidad (con una tarifa diferenciada).

Por último, indiqué que el Ente no ha evaluado el cumplimiento de las empresas. Por eso, insté al ENRE a que haga la evaluación y desde allí pensar cómo se sigue hacia adelante, con estas empresas o con alguna otra fórmula que el Estado proponga.

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